Gerardo Díaz Ferrán, imputado por los presuntos delitos de insolvencia punible, alzamiento de bienes y
blanqueo de capitales, junto con otros ocho detenidos declararán frente
al juez que lleva el caso a partir de las 9.00 horas.
El juez Eloy Velasco tomará una decisión sobre su inocencia
antes de interrogar al resto de detenidos, con el objetivo de trasladarlo o no
a los juzgados de Plaza
Castilla con el fin de que comparezca allí a las 13.00 horas por un
crédito que concedió Caja Madrid a la
empresa Air Comet, presuntamente realizado de forma fraudulenta, según
fuentes de la Audiencia Nacional.
La ‘Operación Crucero' se ha saldado con ocho detenidos, entre ellos Iván Losada, quien fuera mano derecha de Ángel De Cabo en empresas como Viajes Marsans o Nueva Rumasa, y otros supuestos testaferros como Antonio García Escribano, Rafael Tormo Aguilar y José Pardo Manrique.
La ‘Operación Crucero' se ha saldado con ocho detenidos, entre ellos Iván Losada, quien fuera mano derecha de Ángel De Cabo en empresas como Viajes Marsans o Nueva Rumasa, y otros supuestos testaferros como Antonio García Escribano, Rafael Tormo Aguilar y José Pardo Manrique.
El cuñado de De Cabo, Teodoro Garrido, la secretaria del empresario valenciano, Susana Mora, y el responsable
financiero Carmelo Estéllez Jimenez han
sido otras de las figuras imputadas en el proceso.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, que
mantiene bajo secreto la causa, decidirá las medidas cautelares que impone a los detenidos, que podrían
enfrentarse a prisión incondicional o bajo
fianza.
Díaz Ferrán y su socio Gonzalo Pascual, ya fallecido, realizaron un acuerdo con Ángel de
Cabo para ocultar bienes
procedentes de las empresas de Marsans y de sus sociedades patrimoniales, con
el fin de evitar pagar a los acreedores del grupo turístico, según fuentes de
la investigación.
En el pacto quedaría envuelta la venta de Marsans a De Cabo
justo antes de que el grupo fuera declarado en concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos).
Dinero en paraísos fiscales
La figura de Díaz Ferrán y su socio Gonzalo Pascual, que
falleció en junio pasado, están siendo investigadas ya que, según la acusación,
utilizaron las empresas de De Cabo para evadir
el patrimonio de Viajes Marsans a paraísos fiscales y así evadir las
deudas con los acreedores, que las empresas perjudicadas estiman sean de 45 millones
de euros.
Para investigar el rastro de los fondos clave en las
posibles transacciones financieras y determinar si los imputados poseen bienes inmobiliarios en el extranjero,
el juez ha ordenado investigaciones en países como Liechtenstein, Suiza,
Irlanda, Chipre, Panamá y Colombia. Al mismo tiempo, otra vía de la
investigación está estudiando si Díaz Ferrán y Pascual llevaron a cabo un
ficticio traspaso de bienes a Posibilitum.
La investigación cree que Díaz Ferrán ocultó la propiedad de dos pisos de lujo en
Nueva York por los que pagó, respectivamente, 7,8 y 2,7 millones de dólares; un
chalet en Mallorca y un yate de 27 metros de eslora llamado 'Leuqar'
—Raquel al revés, nombre de la esposa de Díaz Ferrán, Raquel Santamaría— mediante
una sociedad interpuesta. El 5 de junio de este año el juez Velasco emitió una sentencia mediante la cual algunos
de los bienes de Ferrán fueron bloqueados, como el yate que posee -atracado
en el puerto de Barcelona-, para evitar un posible traslado de la embarcación
fuera de la jurisdicción española.
Gonzalo Pascual, fallecido el mismo junio, habría traspasado
a sus cuatro hijos sus participaciones empresariales en tres empresas
propietarias de varias fincas de caza en Toledo antes de morir.
La acusación manifestaba que Díaz Ferrán y su socio habían
llevado a cabo "un deliberado, sistemático, doloso y perfectamente
planificado proceso de
alzamiento y ocultación apresurada de sus bienes personales con la
finalidad de intentar eludir sus innumerables
e importantísimas obligaciones de pago con respecto a sus acreedores".
En el domicilio de Díaz Ferrán la Policía ha conseguido
hallar, incluso, un kilo de oro y varios miles de euros en metálico. Según la situación
actual del oro, la cantidad del metal se estimaría que valiese en torno a los 60.000 euros. Varios
coches de alta gama han cerrado la lista de bienes requisados al expresidente
de la Patronal.
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