La Comunidad Europea dará el visto bueno a la reestructuración de los bancos y cajas nacionalizados y la ayuda pública.

Joaquín Almunia, vicepresidente y comisario de Competencia, anunciará, en términos generales, los planes de reestructuración y recapitalización de Bankia, Catalunya Caixa, Banco de Valencia y Nocagalicia estudiados con el Gobierno español y el Banco de España en una rueda de prensa que se impartirá esta misma mañana. Almunia ha comenzado dejando claro que no dará cifras de posibles despidos y cierres, aunque la estimación se encuentra en torno a los 8.000 despidos.

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha dado vía libre a los planes de reestructuración de las cuatro entidades intervenidas, para ser aprobadas por la CE. Así se conocerán finalmente las cantidades concretas que atañen a las ayudas que necesitará cada banco. Con este paso, se dará luz verde al profundo saneamiento del sector que decidirá el futuro de miles de trabajadores y consumidores que invirtieron en participaciones preferentes.

Los cuatro bancos nacionalizados necesitarán una inversión de aproximadamente 37.000 millones de euros, según fuentes del Ministerio de Economía y Competitividad, y los bancos dispondrán de cinco años para acometer las condiciones impuestas por Bruselas.

En total la centidad recibida por el conjunto de bancos y cajas intervenidas alcanzará los 40.000 millones de euros. La mayor parte irá a manos de Bankia y Catalunya Caixa, y en un segundo plano, Novagalicia y el Banco de Valencia, según un análisis de la consultora Oliver Wyman. El FROB también recibirá una inyección de capital en la Sociedad de gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), conocido como el "banco malo".

Veinte exministros y dos expresidentes se refugian en las grandes empresas españolas.

Pedro Solbes, Elena Salgado o Ángel Acebes entre los antiguos cargos públicos que mantienen su sueldo bajo grandes corporaciones. En un país como España, con casi seis millones de parados, la política parece ser un campo de cultivo para el empleo. Actualmente, como mínimo, 35 ex cargos políticos han encontrado trabajo en grandes empresas patrias. Así, expresidentes como Felipe González o José María Aznar son empleados como consejero independiente y asesor externo, respectivamente, en dos compañías relacionadas con servicios energéticos: Gas Natural y Endesa. Por otra parte, una veintena de exministros trabajan actualmente en grandes compañías del país,  la mayoría de ellas enmarcadas en sectores regulados e influidos por el Ejecutivo. Diez de ellos trabajan para compañías energéticas y cuatro para empresas de corte financiero. El resto de empleos de la serie están dispersos entre empresas constructoras, consultoras, aeroportuarias y operadoras de telecomunicaciones. El Código Penal mantiene el requisito de dejar transcurrir obligadamente dos años antes de ocupar un cargo relacionado. Diversos secretarios de Estado, subsecretarios y similares cargos políticos mantienen puestos de responsabilidad en las principales compañías. El exsecretario de Estado de Comunicación Alfredo Timermans– consejero de Telefónica– o el expresidente del PNV Josu Jon Imaz, actual presidente de Petronor son dos claros ejemplos de esta situación. Una puerta abierta "Su amplia carrera política le reporta un conocimiento extenso en el ámbito regulatorio, así como sobre el funcionamiento de las instituciones públicas". Estas declaraciones realizadas por la compañía eléctrica Iberdrola sobre el exministro de Interior, Administraciones Públicas y Justicia Ángel Acebes certifican lo que persiguen las grandes empresas al contratar a un antiguo alto cargo. Diversos estudios realizados demuestran que "los consejeros políticos crean mucho valor para las empresas por el mal tipo de razones, es decir, proporcionando una vía de acceso privilegiado al regulador", en palabras de Juan Santaló, investigador de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada en el artículo ¿Qué pintan los políticos en los consejos de administración de empresas privadas? Un obstáculo de dos años La Ley de Regulación de los Conflictos de Intereses manifiesta que en el plazo de los dos años siguientes al ejercicio del cargo de presidente o ministro, por parte del individuo, se imposibilita la posible ocupación en el sector privado de esa misma persona en una ocupación similar. Aún así, existen vacíos legales para esquivar dicha regulación. Es el caso de la exvicepresidenta económica Elena Salgado, que fue contratada tres meses después de dejar el cargo por Endesa. Accediendo a través de su filial chilena consiguió burlar el trámite legal impuesto por la Oficina de Conflicto de Intereses.